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Acusan a Carmelo
Pernicone, titular de la En la Dirección Provincial de Acción Cooperativa de Buenos Aires (DIPAC) siguen sucediendo episodios que debilitan el funcionamiento del organismo y que confirman una vez más – tal como ya lo anticipara PRENSA COOPERATIVA, en entregas anteriores – que los punteros políticos que han aterrizado en ese organismo, sólo se han instalado allí para cobrar sus sueldos. La inacción en la DIPAC, es total. Y todo parece
indicar que el Consejo Asesor Cooperativo Provincial – que componen las
federaciones bonaerenses – se ha puesto los pantalones largos y está
comenzando a exigir que, por lo menos, el organismo cumpla con sus
mínimos requerimientos y funciones. El Consejo ha planteado que quienes
manejan la DIPAC, sean funcionarios con conocimiento del tema
cooperativo. El desplazamiento de los cargos que legítimamente ocupaban
los funcionarios de carrera, para que se instalen en ellos punteros
políticos que no tienen la menor idea de lo que es el cooperativismo,
está produciendo inconvenientes en el normal funcionamiento de la
Dirección. Otro de los desplazados en los últimos días, es Javier Guidini, que venía desempeñando la función de Referente Territorial de la DIPAC. Concretamente, es el funcionario que brindaba asesoramiento y capacitación a cooperativas y grupos precooperativos de 22 municipios bonaerenses. Desempeñaba esa función desde el año 2003. Nadie ha ocupado su lugar, con lo cual la función de capacitar – en momentos en que se crean cooperativas como un aluvión – ha quedado sin efecto. En una nota que envió a nuestra Redacción, Guidini expresa que “el motivo por el cual soy apartado de mi trabajo, es tan simple como irracional y arcaico: persecución política. Desde el año 2007 milito en una agrupación vecinal de la ciudad de Las Flores y, al parecer, esto de tener ideas propias no es bien visto por algunos cultores de la vieja política”. “Quiero aclarar – añade seguidamente – que nunca ocupé ningún cargo político ni jerárquico dentro de la estructura del Ministerio. Mi tarea es totalmente técnica, por lo que se equipara a la de cualquier otro empleado de la DIPAC. Lamentablemente, soy víctima de una persecución política sin sentido. Un atropello a mis derechos como trabajador y como ciudadano”.
SE QUEDAN SIN REFERENTE DIRECTO Guidini expresa luego que “mientras que en las altas esferas se habla de diálogos y consensos, en el llano -- los que todos los días trabajamos junto a la gente, para tratar de encontrarle solución a sus problemas – somos perseguidos y ninguneados por personajes que, por estar de paso, se preocupan más por cuestiones irrelevantes que por atacar los problemas estructurales que le dan sentido a su función”. “Me provoca
indignación – prosigue – que se actúe por capricho y se tomen este tipo
de decisiones que no solo perjudican a quienes deseamos realizar un
trabajo planificado y continuo, sino que deja sin un referente directo a
las 471 cooperativas registradas en la región. ¿Hasta cuando tendremos
que aceptar este tipo de actitudes insensatas? ¿Cuándo comprenderán
entenderán que son funcionarios públicos y no patrones de estancia?
¿Algún día las políticas públicas referidas al cooperativismo quedarán
en mano de gente identificada con el sector y comprometida con el
desarrollo de la economía social?”. El funcionario desplazado concluye expresando: “Aún conservo las esperanzas en el largo plazo. Si en los trece años que llevo trabajando en este organismo no he bajado los brazos, sin dudas no me los hará bajar esta gente. Por lo pronto espero que rápidamente se solucione esta situación y encuentren una alternativa superadora de la que uno, humildemente, podía ofrecer”. Guidini es
contundente en sus conceptos. Y esto corrobora lo que PRENSA COOPERATIVA
ha expresado reiteradamente, a través de los años, en el sentido de que
el organismo provincial de control ha sido y sigue siendo un instrumento
de cambio para el pago de favores políticos. La ineptitud de quienes hoy
están instalados en la cúpula y en los cargos jerárquicos, hace que el
organismo se haya convertido en un lugar de aterrizaje de punteros
políticos, donde el cooperativismo es lo de menos… -------------------------------------------------------------------------------------------------
Desde punteros políticos que cobran para
inscribir personas a esos grupos,
hasta intendentes que distribuyen estas asociaciones entre sus amigos y
desvían los fondos para otros fines, como así también demoras en los
envíos
del dinero oficial con el consiguiente atraso de las obras, entre otras
cosas,
es lo que sucede entre estos grupos laborales conformados, en su gran
mayoría, mediante contratos de doce meses... Llamarles cooperativas de trabajo a estas sociedades laborales transitorias que está motorizando el gobierno nacional, constituye un auténtico castigo, y además un desprestigio, para el movimiento cooperativo argentino. Los trámites de constitución de estas asociaciones de personas (no las vamos a llamar cooperativas), aunque pasen por el INAES, se apartan totalmente de las normativas vigentes, pero igualmente se les otorga la matrícula correspondiente, “porque la orden viene de arriba”, según afirman algunos funcionarios del organismo nacional de control. Acerca de estos engendros asociativos, nadie ha levantado su voz de protesta para decir lo que hay que decir. La referencia tiene que ver con las confederaciones y las federaciones. Por ejemplo, la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), ni abrió la boca. El señor Edgardo Adrián Form, presidente de la entidad, si salió, en cambio, a defender el cooperativismo recientemente con respecto a situaciones que involucraron a cooperativas de crédito. En este caso, COOPERAR salió con energía a defender el cooperativismo y a condenar a las cooperativas que han incursionado en hechos delictivos. El hombre salió a defender a las cooperativas de su rama. Pero de estas sociedades laborales transitorias, no dijo absolutamente nada. ¿No le cabe una acusación de discriminación por parte de las legítimas cooperativas de trabajo…? Está muy claro. Form representa al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuna del comunismo argentino, ahora alineado con el kirchnerismo. De manera que es imposible que haya un pronunciamiento de COOPERAR con respecto a este hecho anormal que afecta al cooperativismo y que impulsa la propia presidente de la Nación. Pero no hay pronunciamiento no sólo por una cuestión de afinidad política, sino también por el hecho de que si lo hace, la entidad confederativa no recibirá un subsidio más, por lo menos durante el actual gobierno. Por otra parte, Carlos Heller – propietario del Banco Credicoop y diputado nacional electo – no les permitiría un pronunciamiento adverso. En lo relacionado con las federaciones -- la referencia tiene que ver puntualmente con las de la rama Trabajo --, tampoco ninguna de ellas salió a decir una sola palabra. Ni a favor ni en contra, porque las dos cosas queman… Pero, además, un conspicuo miembro de las cooperativas de trabajo está actualmente integrando el directorio del INAES. ¿Se animará “El Vasco” Orbaiceta – un dirigente al cual se lo señala como muy correcto y frontal en sus expresiones – a formular alguna definición sobre el tema? Mientras tanto, desde el día que la presidente Cristina Kirchner formuló el anuncio de crear 100.000 puestos de trabajo, mediante el mecanismo de constituir unos 2.000 engendros asociativos, han pasado muchas cosas, a saber: ** Cortes de rutas por parte de piqueteros que reclaman a intendentes del conurbano bonaerense que se los incluya en estas asociaciones laborales transitorias. ** Aparición de punteros políticos que cobran una suma de dinero a quienes quieran integrar estas asociaciones. ** Escándalo en el Partido de Almirante Brown, donde el intendente Rubén Darío Giustozzi incurrió en manejo discrecional de los fondos destinados a esas asociaciones laborales. ** No hay rendición de cuentas en ninguna provincia acerca de los trabajos que se efectúan y cuando aparecen fiscalizadores para realizar esas tareas, se ven imposibilitados de cumplir su labor porque son presionados casi violentamente para que no lo hagan… ** La propia ministra Alicia Kirchner ha tenido que intervenir en algunos municipios, realizando auditorías, para evitar que los fondos que envía su ministerio, sean derivados a otros destinos. ** En la ciudad de La Plata, también hay denuncias contra el intendente Pablo Bruera y la Dirección Provincial de Acción Cooperativa (DIPAC). El concejal Oscar Negrelli señaló que “estas cooperativas son fachadas de movimientos políticos o de empleados en negro del gobierno municipal. Bajo la fachada de cooperativa, los trabajadores están en las peores condiciones laborales que puede estar cualquier trabajador”. Aseguró el concejal que estas asociaciones son “utilizadas como caja de financiación para el clientelismo, ya que si no asistís a los actos o movilizaciones políticas, te dejan sin laburo”. ** El piquetero Emilio Pérsico, que acaba de renunciar como Secretario de Estado en Desarrollo Social, maneja actualmente 58 asociaciones laborales. Todo parece indicar que también manejaría los fondos destinados a esos grupos… ** El diario La Nación editorializó, en su edición del 13 de octubre último, acerca de la distorsión que se está produciendo en el cooperativismo, con la creación de este tipo de asociaciones de personas. ** La Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA salieron a criticar a estas asociaciones de personas, porque “les resta tareas a las empresas y, en paralelo, les quita empleo a los trabajadores de la construcción. ** En el municipio de Quilmas también surgieron fuertes conflictos. A los miembros de estas asociaciones, no les pagaron por trabajo realizado. El diario El Sol denunció que punteros políticos piden el 20 por ciento de lo que tienen que cobrar los trabajadores. ** En Mar del Plata (foto), presuntos “asociativistas” tomaron el recinto del Concejo Deliberante, hubo importantes destrozos y hasta heridos. Reclamaban que los incluyan en los engendros asociativos del gobierno. ** En varias provincias, los problemas son similares: los trabajos se suspenden porque el dinero oficial no llega y las personas que integran estas asociaciones, se quedan sin sus recursos para el sustento diario. Es evidente que esta diversidad de conflictos que aquí se exponen, no son propios de las cooperativas de trabajo legítimamente constituidas. Las entidades que se crean de abajo hacia arriba, como verdaderamente corresponde, jamás tienen estos problemas. Pero las que se crean
ilegítimamente, es decir, de arriba hacia abajo, dependiendo del dinero
público, y comienzan a funcionar a contramano de lo que determinan las
normativas vigentes y los principios y doctrina del cooperativismo, se
encuentran con estas dificultades, producto de la improvisación y de las
necesidades gubernamentales. Lo que está haciendo el gobierno nacional es castigar y desafiar la legitimidad del cooperativismo, distorsionando gravemente el sistema y devaluando su imagen. Concretamente, esto es algo muy similar a las denominadas “cooperativas truchas” que se quieren combatir, pero, en este caso, impulsadas por el propio gobierno. 22-OCTUBRE-2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------ El INAES obstinado
en actitudes ridículas:
La obstinación que evidencia el INAES en determinados
casos, despierta serias sospechas acerca de las buenas intenciones con
que se manejan algunos funcio-narios de ese organismo. El caso de
la Cooperativa de Trabajo Activa, de la ciudad bonaerense de Balcarce,
es un típico ejemplo que se encuadra perfectamente en el marco de lo
expresado. ¿Por qué el funcionario marplatense
efectuó esa denuncia? Porque deseaba quedar bien con otra cooperativa de
trabajo, de la cual todos los meses recibía un premio... El tema de
fondo era que un empresario dejó de contratar a la cooperativa que le
entregaba premios al funcionario, para tomar los servicios de la entidad
de Balcarce. Más rápido todavía fue el armado del sumario contra la cooperativa, a la cual no se le dio tiempo para defenderse. Y mucho más rápido aún fue la presentación de la denuncia penal, gestión que corrió por cuenta del contador Carlos La Blunda. Teniendo en cuenta que estos no son los tiempos normales del INAES en la tramitación de expedientes, es lógico que tanta celeridad despierte sospechas contra los funcionarios. En el marco de esta tramitación manejada con vertiginosa velocidad, La Blunda efectuó la presentación judicial ante la Unidad Fiscal Nº 8 del Departamento Judicial de Mar del Plata (Causa IPP 221091). Un año después de presentada la denuncia, la justicia resolvió archivar el expediente "por no acreditar materialidad del hecho denunciado". Sin duda, un cachetazo para los "dinámicos" funcionarios del INAES. A todo esto, y frente a las denuncias de PRENSA COOPERATIVA, el propio Patricio Juan Griffin se encargó de efectuar algunas averiguaciones en forma personal y directa. Y se encontró con la verdad que denunciara este medio de difusión. Sin embargo, esto parece no haber convencido a Griffin, ya que el camino hacia el ridículo judicial siguió su curso. Todo lo aqui expresado ha sido denunciado por PRENSA COOPERATIVA. Pero lo que ahora llama la atención es esta evidente obstinación de algún funcionario del INAES, que no obstante la resolución judicial se empeña en buscar (¿o armar?) pruebas en torno de este expediente. Lo cierto es que ha rescatado del archivo el expediente y, según lo dice la Disposición S Nº 547, se ha decidido "abrir la presente causa a prueba por el término de 30 días a fin de producir las medidas probatorias que esta instrucción estima conducentes" (¡¡??). ¿Qué significa esto? ¿Va a producir el INAES las medidas probatorias que la justi-cia no ha encontrado? ¿Para qué recurrió el organismo a la justicia, si el mismo INAES está dispuesto a producir las medidas probatorias? Es evidente que hay una cuota muy alta de mala leche... El INAES le pide referencias sobre la cooperativa al DIPAC bonaerense. Y también a la Dirección de Cooperativas de Mar del Plata (¡¡??) ¿Cómo puede pedir al INAES a un organismo municipal de cooperativas -- que sólo tiene funciones de educación, capacitación y promoción -- que le informe si le ha realizado inspecciones a la sumariada? Pero lo más grave y bochornoso, es que no advirtieron los funcionarios del INAES que la cooperativa sumariada está asentada en otro municipio, el de Balcarce... Si, no queda ninguna duda de que con
la Cooperativa de Trabajo Activa, de Balcarce, algún o algunos
funcionarios del INAES tiene o tienen la sangre en el ojo... ¿Por qué
será...? Este asunto tuvo mal olor desde su arranque, en 2006, y
ahora ya es nauseabundo...
¿Quién debe
conducir la
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¿Quién debe conducir una cooperativa? ¿El Consejo de
Administración o el
¿COOPERATIVAS DE
TRABAJO Escribe el Doctor ARMANDO ALFREDO MOIRANO
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