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Acusan a Carmelo
Pernicone, titular de la
DIPAC bonaerense, de "persecución política"
y de "patrón de estancia", por decisiones
arbitrarias e inconsultas
En la Dirección
Provincial de Acción Cooperativa de Buenos Aires (DIPAC) siguen
sucediendo episodios que debilitan el funcionamiento del organismo y que
confirman una vez más – tal como ya lo anticipara PRENSA COOPERATIVA, en
entregas anteriores – que los punteros políticos que han aterrizado en
ese organismo, sólo se han instalado allí para cobrar sus sueldos. La
inacción en la DIPAC, es total.
Y todo parece
indicar que el Consejo Asesor Cooperativo Provincial – que componen las
federaciones bonaerenses – se ha puesto los pantalones largos y está
comenzando a exigir que, por lo menos, el organismo cumpla con sus
mínimos requerimientos y funciones. El Consejo ha planteado que quienes
manejan la DIPAC, sean funcionarios con conocimiento del tema
cooperativo. El desplazamiento de los cargos que legítimamente ocupaban
los funcionarios de carrera, para que se instalen en ellos punteros
políticos que no tienen la menor idea de lo que es el cooperativismo,
está produciendo inconvenientes en el normal funcionamiento de la
Dirección.
EN MOMENTOS EN QUE SE CREAN
COOPERATIVAS ALUVIONALMENTE,
SUSPENDEN LA CAPACITACIÓN
Otro de los
desplazados en los últimos días, es Javier Guidini, que venía
desempeñando la función de Referente Territorial de la DIPAC.
Concretamente, es el funcionario que brindaba asesoramiento y
capacitación a cooperativas y grupos precooperativos de 22 municipios
bonaerenses. Desempeñaba esa función desde el año 2003. Nadie ha
ocupado su lugar, con lo cual la función de capacitar – en momentos en
que se crean cooperativas como un aluvión – ha quedado sin efecto.
En una nota que
envió a nuestra Redacción, Guidini expresa que “el motivo por el cual
soy apartado de mi trabajo, es tan simple como irracional y arcaico:
persecución política. Desde el año 2007 milito en una agrupación vecinal
de la ciudad de Las Flores y, al parecer, esto de tener ideas propias no
es bien visto por algunos cultores de la vieja política”.
“Quiero aclarar –
añade seguidamente – que nunca ocupé ningún cargo político ni jerárquico
dentro de la estructura del Ministerio. Mi tarea es totalmente técnica,
por lo que se equipara a la de cualquier otro empleado de la DIPAC.
Lamentablemente, soy víctima de una persecución política sin sentido. Un
atropello a mis derechos como trabajador y como ciudadano”.
SE QUEDAN SIN REFERENTE DIRECTO
471 COOPERATIVAS DE 22 MUNICIPIOS
DEL TERRITORIO BONAERENSE
Guidini expresa
luego que “mientras que en las altas esferas se habla de diálogos y
consensos, en el llano -- los que todos los días trabajamos junto a la
gente, para tratar de encontrarle solución a sus problemas – somos
perseguidos y ninguneados por personajes que, por estar de paso, se
preocupan más por cuestiones irrelevantes que por atacar los problemas
estructurales que le dan sentido a su función”.
“Me provoca
indignación – prosigue – que se actúe por capricho y se tomen este tipo
de decisiones que no solo perjudican a quienes deseamos realizar un
trabajo planificado y continuo, sino que deja sin un referente directo a
las 471 cooperativas registradas en la región. ¿Hasta cuando tendremos
que aceptar este tipo de actitudes insensatas? ¿Cuándo comprenderán
entenderán que son funcionarios públicos y no patrones de estancia?
¿Algún día las políticas públicas referidas al cooperativismo quedarán
en mano de gente identificada con el sector y comprometida con el
desarrollo de la economía social?”.
UN ORGANISMO CONVERTIDO EN LUGAR
DE ATERRIZAJE DE LOS PUNTEROS
POLÍTICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
El funcionario
desplazado concluye expresando: “Aún conservo las esperanzas en el largo
plazo. Si en los trece años que llevo trabajando en este organismo no he
bajado los brazos, sin dudas no me los hará bajar esta gente. Por lo
pronto espero que rápidamente se solucione esta situación y encuentren
una alternativa superadora de la que uno, humildemente, podía ofrecer”.
Guidini es
contundente en sus conceptos. Y esto corrobora lo que PRENSA COOPERATIVA
ha expresado reiteradamente, a través de los años, en el sentido de que
el organismo provincial de control ha sido y sigue siendo un instrumento
de cambio para el pago de favores políticos. La ineptitud de quienes hoy
están instalados en la cúpula y en los cargos jerárquicos, hace que el
organismo se haya convertido en un lugar de aterrizaje de punteros
políticos, donde el cooperativismo es lo de menos…
06-NOVIEMBRE-2009
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Las sociedades
laborales transitorias,
a las que Cristina llama erróneamente
"cooperativas", dan para todo...
Desde punteros políticos que cobran para
inscribir personas a esos grupos,
hasta intendentes que distribuyen estas asociaciones entre sus amigos y
desvían los fondos para otros fines, como así también demoras en los
envíos
del dinero oficial con el consiguiente atraso de las obras, entre otras
cosas,
es lo que sucede entre estos grupos laborales conformados, en su gran
mayoría, mediante contratos de doce meses...
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Escribe ROBERTO MOLINA
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Llamarles cooperativas de
trabajo a estas sociedades laborales transitorias que está motorizando
el gobierno nacional, constituye un auténtico castigo, y además un
desprestigio, para el movimiento cooperativo argentino. Los trámites de
constitución de estas asociaciones de personas (no las vamos a llamar
cooperativas), aunque pasen por el INAES, se apartan totalmente de las
normativas vigentes, pero igualmente se les otorga la matrícula
correspondiente, “porque la orden viene de arriba”, según afirman
algunos funcionarios del organismo nacional de control.
Acerca de estos engendros
asociativos, nadie ha levantado su voz de protesta para decir lo que hay
que decir. La referencia tiene que ver con las confederaciones y las
federaciones. Por ejemplo, la Confederación Cooperativa de la República
Argentina (COOPERAR), ni abrió la boca.
El señor Edgardo Adrián Form,
presidente de la entidad, si salió, en cambio, a defender el
cooperativismo recientemente con respecto a situaciones que involucraron
a cooperativas de crédito. En este caso, COOPERAR salió con energía a
defender el cooperativismo y a condenar a las cooperativas que han
incursionado en hechos delictivos.
El hombre salió a defender a
las cooperativas de su rama. Pero de estas sociedades laborales
transitorias, no dijo absolutamente nada. ¿No le cabe una acusación de
discriminación por parte de las legítimas cooperativas de trabajo…?
Está muy claro. Form
representa al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cuna del
comunismo argentino, ahora alineado con el kirchnerismo. De manera que
es imposible que haya un pronunciamiento de COOPERAR con respecto a este
hecho anormal que afecta al cooperativismo y que impulsa la propia
presidente de la Nación.
Pero no hay pronunciamiento no
sólo por una cuestión de afinidad política, sino también por el hecho de
que si lo hace, la entidad confederativa no recibirá un subsidio más,
por lo menos durante el actual gobierno. Por otra parte, Carlos Heller –
propietario del Banco Credicoop y diputado nacional electo – no les
permitiría un pronunciamiento adverso.
En lo relacionado con las
federaciones -- la referencia tiene que ver puntualmente con las de la
rama Trabajo --, tampoco ninguna de ellas salió a decir una sola
palabra. Ni a favor ni en contra, porque las dos cosas queman… Pero,
además, un conspicuo miembro de las cooperativas de trabajo está
actualmente integrando el directorio del INAES. ¿Se animará “El Vasco”
Orbaiceta – un dirigente al cual se lo señala como muy correcto y
frontal en sus expresiones – a formular alguna definición sobre el tema?
Mientras tanto, desde el día
que la presidente Cristina Kirchner formuló el anuncio de crear 100.000
puestos de trabajo, mediante el mecanismo de constituir unos 2.000
engendros asociativos, han pasado muchas cosas, a saber:
** Cortes de rutas por parte
de piqueteros que reclaman a intendentes del conurbano bonaerense que se
los incluya en estas asociaciones laborales transitorias.
** Aparición de punteros
políticos que cobran una suma de dinero a quienes quieran integrar estas
asociaciones.
** Escándalo en el Partido de
Almirante Brown, donde el intendente Rubén Darío Giustozzi incurrió en
manejo discrecional de los fondos destinados a esas asociaciones
laborales.
** No hay rendición de cuentas
en ninguna provincia acerca de los trabajos que se efectúan y cuando
aparecen fiscalizadores para realizar esas tareas, se ven
imposibilitados de cumplir su labor porque son presionados casi
violentamente para que no lo hagan…
** La propia ministra Alicia
Kirchner ha tenido que intervenir en algunos municipios, realizando
auditorías, para evitar que los fondos que envía su ministerio, sean
derivados a otros destinos.
** En la ciudad de La Plata,
también hay denuncias contra el intendente Pablo Bruera y la Dirección
Provincial de Acción Cooperativa (DIPAC). El concejal Oscar Negrelli
señaló que “estas cooperativas son fachadas de movimientos políticos o
de empleados en negro del gobierno municipal. Bajo la fachada de
cooperativa, los trabajadores están en las peores condiciones laborales
que puede estar cualquier trabajador”. Aseguró el concejal que estas
asociaciones son “utilizadas como caja de financiación para el
clientelismo, ya que si no asistís a los actos o movilizaciones
políticas, te dejan sin laburo”.
** El piquetero Emilio
Pérsico, que acaba de renunciar como Secretario de Estado en Desarrollo
Social, maneja actualmente 58 asociaciones laborales. Todo parece
indicar que también manejaría los fondos destinados a esos grupos…
** El diario La Nación
editorializó, en su edición del 13 de octubre último, acerca de la
distorsión que se está produciendo en el cooperativismo, con la creación
de este tipo de asociaciones de personas.
** La Cámara Argentina de la
Construcción y la UOCRA salieron a criticar a estas asociaciones de
personas, porque “les resta tareas a las empresas y, en paralelo, les
quita empleo a los trabajadores de la construcción.
** En el municipio de Quilmas
también surgieron fuertes conflictos. A los miembros de estas
asociaciones, no les pagaron por trabajo realizado. El diario El Sol
denunció que punteros políticos piden el 20 por ciento de lo que tienen
que cobrar los trabajadores.
** En Mar del Plata (foto),
presuntos “asociativistas” tomaron el recinto del Concejo Deliberante,
hubo importantes destrozos y hasta heridos. Reclamaban que los incluyan
en los engendros asociativos del gobierno.
** En varias provincias, los
problemas son similares: los trabajos se suspenden porque el dinero
oficial no llega y las personas que integran estas asociaciones, se
quedan sin sus recursos para el sustento diario.
Es evidente que esta
diversidad de conflictos que aquí se exponen, no son propios de las
cooperativas de trabajo legítimamente constituidas. Las entidades que se
crean de abajo hacia arriba, como verdaderamente corresponde, jamás
tienen estos problemas.
Pero las que se crean
ilegítimamente, es decir, de arriba hacia abajo, dependiendo del dinero
público, y comienzan a funcionar a contramano de lo que determinan las
normativas vigentes y los principios y doctrina del cooperativismo, se
encuentran con estas dificultades, producto de la improvisación y de las
necesidades gubernamentales.
Y todo esto, recién está comenzando. Seguramente, muchas otras novedades
de carácter similar, o más graves, van a producirse. No hay ninguna duda
de
que se están siguiendo los pasos de Hugo Chávez, que creó más de 300.000
cooperativas, de las cuales hoy funcionan menos del 10 por ciento. Los
pícaros
venezolanos se quedaron con el dinero que entregaba el gobierno a cada
cooperativa que se creaba. Y la consecuencia fue la desaparición de esas
cooperativas. En Argentina, comienza a suceder exactamente lo
mismo...
Lo que está haciendo el
gobierno nacional es castigar y desafiar la legitimidad del
cooperativismo, distorsionando gravemente el sistema y devaluando su
imagen. Concretamente, esto es algo muy similar a las denominadas
“cooperativas truchas” que se quieren combatir, pero, en este caso,
impulsadas por el propio gobierno.
22-OCTUBRE-2009
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El INAES obstinado
en actitudes ridículas:
desempolvó un expediente "a prueba", para
buscar evidencias que la justicia no encontró.
¿Actitud de mala leche de algún funcionario?
La obstinación que evidencia el INAES en determinados
casos, despierta serias sospechas acerca de las buenas intenciones con
que se manejan algunos funcio-narios de ese organismo. El caso de
la Cooperativa de Trabajo Activa, de la ciudad bonaerense de Balcarce,
es un típico ejemplo que se encuadra perfectamente en el marco de lo
expresado.
La mencionada cooperativa fue denunciada mediáticamente, en el 2006, por
un funcionario municipal de Mar del Plata, de sospechada honestidad. Se
trata del en-tonces Director General de Acción Cooperativa de la
Municipalidad de Mar del Pla-ta, Mauricio Maglione, cuyo organismo
fue desactivado porque abundaban las de-nuncias por el desempeño de su
titular.
¿Por qué el funcionario marplatense
efectuó esa denuncia? Porque deseaba quedar bien con otra cooperativa de
trabajo, de la cual todos los meses recibía un premio... El tema de
fondo era que un empresario dejó de contratar a la cooperativa que le
entregaba premios al funcionario, para tomar los servicios de la entidad
de Balcarce.
Concretamente, Maglione quería recuperarle el cliente a su cooperativa
preferida, sin que nadie se lo haya pedido. Lo cierto es que Maglione
tenía una fluida relación con funcionarios del área de Inspecciones del
INAES y con asombrosa rapidez bajó a Mar del Plata un inspector, Diego
Oller, que luego fue denunciado por PRENSA COOPERATIVA porque sus
viáticos no fueron pagados por el INAES, sino por la Dirección de
Cooperativas marplatense (¡?).
Más rápido todavía fue el armado del
sumario contra la cooperativa, a la cual no se le dio tiempo para
defenderse. Y mucho más rápido aún fue la presentación de la denuncia
penal, gestión que corrió por cuenta del contador Carlos La Blunda.
Teniendo en cuenta que estos no son los tiempos normales del INAES en la
tramitación de expedientes, es lógico que tanta celeridad despierte
sospechas contra los funcionarios.
En el marco de esta tramitación
manejada con vertiginosa velocidad, La Blunda efectuó la presentación
judicial ante la Unidad Fiscal Nº 8 del Departamento Judicial de Mar del
Plata (Causa IPP 221091). Un año después de presentada la
denuncia, la justicia resolvió archivar el expediente "por no acreditar
materialidad del hecho denunciado". Sin duda, un cachetazo para los
"dinámicos" funcionarios del INAES.
A todo esto, y frente a las denuncias
de PRENSA COOPERATIVA, el propio Patricio Juan Griffin se encargó de
efectuar algunas averiguaciones en forma personal y directa. Y se
encontró con la verdad que denunciara este medio de difusión. Sin
embargo, esto parece no haber convencido a Griffin, ya que el camino
hacia el ridículo judicial siguió su curso.
Todo lo aqui expresado ha sido
denunciado por PRENSA COOPERATIVA. Pero lo que ahora llama la atención
es esta evidente obstinación de algún funcionario del INAES, que no
obstante la resolución judicial se empeña en buscar (¿o armar?) pruebas
en torno de este expediente. Lo cierto es que ha rescatado del
archivo el expediente y, según lo dice la Disposición S Nº 547, se ha
decidido "abrir la presente causa a prueba por el término de 30 días a
fin de producir las medidas probatorias que esta instrucción estima
conducentes" (¡¡??).
¿Qué significa esto? ¿Va a producir el
INAES las medidas probatorias que la justi-cia no ha encontrado? ¿Para
qué recurrió el organismo a la justicia, si el mismo INAES está
dispuesto a producir las medidas probatorias? Es evidente que hay una
cuota muy alta de mala leche... El INAES le pide referencias sobre la
cooperativa al DIPAC bonaerense. Y también a la Dirección de
Cooperativas de Mar del Plata (¡¡??)
¿Cómo puede pedir al INAES a un
organismo municipal de cooperativas -- que sólo tiene funciones de
educación, capacitación y promoción -- que le informe si le ha
realizado inspecciones a la sumariada? Pero lo más grave y bochornoso,
es que no advirtieron los funcionarios del INAES que la cooperativa
sumariada está asentada en otro municipio, el de Balcarce...
Si, no queda ninguna duda de que con
la Cooperativa de Trabajo Activa, de Balcarce, algún o algunos
funcionarios del INAES tiene o tienen la sangre en el ojo... ¿Por qué
será...? Este asunto tuvo mal olor desde su arranque, en 2006, y
ahora ya es nauseabundo...
AGOSTO 2009
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¿Quién debe
conducir la
cooperativa? ¿El Consejo de
Administración o el gerente?
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Escribe ROBERTO MOLINA
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¿Quién debe conducir una cooperativa? ¿El Consejo de
Administración o el
gerente? El contenido de esta doble pregunta es un tema de permanente
debate
en el cooperativismo de Argentina. Y también seguramente sucede en otros
países.
A través de muchos años de recorrer instituciones, el resultado final
muestra toda clase de situaciones. En algunas entidades, el hombre
fuerte es el gerente o el gerente general. El Consejo de Administración
es una figura de decoración, donde sus miembros concurren a la entidad a
firmar la papelería que el gerente les pone prolijamente sobre el
escritorio.
En este contexto, hemos escuchado frases increibles, como que el gerente
exprese: “¡No hago más reuniones del Consejo de Administración!”.
El decidía
si los consejeros debían reunirse o no (¡?).
¿Cuál es la conclusión de este tipo de situaciones? ¿Delegación de
funciones
en el gerente, para que los consejeros no realicen tareas en la
cooperativa,
especialmente si son ad honorem? ¿”Para qué perder tiempo nosotros, si
tenemos un empleado que nos hace el trabajo”? ¿Desinterés por la
cooperativa
y cumplen la función de consejeros por obligación comunitaria o
figuración?
También puede agregarse en este contexto la incapacidad de algunos
dirigentes para asumir, como verdaderamente corresponde, la conducción
de una cooperativa. ¿Hay ineptos conduciendo cooperativas? Si, los hay,
y lamentablemente no son pocos...
El otro cuadro de situación que se puede mencionar, es el normal. Es
decir,
el Consejo de Administración tiene las riendas de la conducción y el
gerente
o el gerente general se encarga de ejecutar las órdenes e indicaciones
que
recibe de los directivos. Esto es lo normal, lo que corresponde.
Pero lo que ha dado origen a este artículo, es una información aparecida
en
un diario de Trelew, donde se expresa que “las miradas de la comunidad
están
puestas en el gerente general de la cooperativa eléctrica, Sergio
Schreyer,
para ver cómo hará para que cierren los números de la entidad,
dependiendo
de esto su futuro en el cargo”.
Parece increible, pero es cierto. ¿Cuál es, en este caso concreto, la
responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, que
fueron elegidos por los asociados para conducir la entidad? Pero
las expresiones del propio presidente de esa cooperativa, José Silva,
son mucho más sorprendentes aún. Dice: “Por ahora, el gerente general
dice que va a poder pagar el aumento (se refiere a salarios del
personal), veremos de acá en más...”.
Añadió seguidamente: “El gerente general buscará los recursos para
solventar
el aumento salarial y mantener la cooperativa en las condiciones que
viene
trabajando hasta ahora”. Y Silva remató diciendo: “El gerente fue
el que dio una garantía de que ibamos a poder solventar este aumento (de
salarios). Yo en algunas
declaraciones dije que en algún momento se nos iba a poner difícil. El
dice
que no. Bueno, vamos a ver...”.
Si esto no es una clásica expresión de la ineptitud dirigencial,
seguramente
debe ser algo muy parecido... El presidente del Consejo de
Administración de
una cooperativa no puede estar dependiendo del gerente, para determinar
si
algo va a salir bien o no.
En este caso concreto, da la sensación de que el presidente la mira
desde
afuera. Es un espectador. Es como si estuviera diciendo que si a la
cooperativa le va mal, él se lava las manos... Indudablemente, el
señalado es un típico caso de
desconocimiento total y absoluto de cómo debe manejarse un Consejo de
Administración y cuáles son sus deberes y obligaciones.
¿Al señor Silva lo obligó alguien a ser elegido presidente de la
cooperativa? ¿O se postuló para ese cargo por propia decisión, con el
único propósito de figuración en la comunidad de Trelew? Es
evidente que este dirigente no ha tomado conciencia de los deberes y
obligaciones que implica el hecho de ser presidente de una cooperativa y
mucho más aún cuando se trata de una entidad de servicios públicos, que
tiene tanta gravitación en la comunidad donde está inserta.
Hay muchos otros casos como este... Los iremos señalando de la misma
forma
que éste que hoy nos muestra la fauna cooperativa...
AGOSTO 2009
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¿COOPERATIVAS DE
TRABAJO
O EMPRESAS RECUPERADAS?
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Escribe el Doctor ARMANDO ALFREDO MOIRANO
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Cuando uno se anoticia de algunas ideas que circulan por
allí, parecería ser
que una empresa recuperada es algo distinto de una cooperativa de
trabajo.
Y sí, puede ser posible, porque nada impide a que los integrantes de una
empresa recuperada adopten la forma societaria que más útil les parezca
dentro de los tipos que ofrece la ley de sociedades comerciales.
Puede aducirse en contrario que, para el supuesto de esta nota, en la
ley de
concursos y quiebras el único tipo posible es el de la cooperativa de
trabajo, pero esto no hace a lo esencial del primer razonamiento. La
cuestión es sí, en efecto, una cooperativa de trabajo es algo distinto
de
una empresa recuperada o es – deben ser – lo mismo. Y adelanto mi
opinión
en este último sentido.
En el derecho positivo argentino la única forma autogestionaria que
existe
es la cooperativa de trabajo, porque no reconoce como forma autónoma la
de
la sociedad anónima laboral; hace excepción a esto el absurdo decreto
que
alguna vez dictó De la Rúa, pero que lo único que produjo fueron
críticas y,
creo, nunca fue utilizado.
Tan absurdo, que permitía a los interesados adoptar como forma
empresaria
laboral a cualquiera de los tipos previstos por la ley de sociedades
comerciales, lo que daba lugar, por ejemplo, a una variante tan sencilla
como una sociedad en comandita por acciones, eso sí, laboral. Además,
casi
requería, sin decirlo, que cualquiera fuese el tipo societario adoptado,
se
contara con un actuario que midiera permanentemente la participación del
capital de los trabajadores y de los inversores, para evitar la pérdida
de
la condición de sociedad laboral. Así le fue… al decreto y a su
firmante.
Esto así, reitero, la única variable jurídica y posible en la Argentina,
es
la cooperativa de trabajo, prevista por la ley 20.337 y con una
regulación
específica dada mediante resoluciones por la autoridad de aplicación de
esa
ley.
Para arribar a la falsa disyuntiva que plantea el título de esta nota,
conviene recordar el concepto de cooperativa formulado por la Alianza
Cooperativa Internacional, adaptándolo a la cooperativa de producción o
trabajo: una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente
para producir en común bienes o servicios, con la finalidad de crear o
conservar una fuente de trabajo, asumiendo los riegos de una empresa de
propiedad colectiva gestionada democráticamente.
En estos términos se hace difícil entender el razonamiento de algunos
titulares del copyright de las empresas recuperadas® que suponen, mal,
que
estas son diferentes de las cooperativas de trabajo y haciendo una
demostración admirable de ignorancia creen que en las primeras la
igualdad
es más igualitaria y la democracia más democrática. Creo que en estos
dos
extremos está la debilidad inmensa que genera no aceptar el tipo
cooperativo
tal cual es y tal como está analizado desde hace mucho tiempo.
El igualismo – acepto que el neologismo es horrible – propone, por
ejemplo,
que todos los integrantes de la empresa recuperada ganen lo mismo; es
decir,
que lo percibido a cuenta del resultado anual sea igual para todos. El
grave
error de esta postura consiste en no advertir que no es lo mismo
reemplazar
a un asociado que realiza actividades administrativas simples, que al
asociado que maneja un torno computarizado.
Y esto así, porque todos los trabajos tienen igual dignidad, pero no
todos
requieren el mismo esfuerzo o la misma preparación o ambas cosas. Y en
esta
parte del mundo que por extraño designio de no sé quién se dio en llamar
occidental y cristiana, los estímulos morales en los que insistía el Che
son
muy importantes, pero estímulos económicos siguen teniendo mucho valor…
Si
al técnico le pago igual que al personal no especializado, perderé al
técnico y reponerlo seguramente me costará más.
Por supuesto, en algunas actividades es posible practicar con éxito una
remuneración igualitaria, pero esto requiere no haya grandes diferencias
entre las distintas tareas que requiere su producción. Los autores
brasileños tienen este concepto muy afinado y con estas características
no
le temen a la tercerización empresaria.
El asambleísmo – otro neologismo espantoso – supone que cualquier tema
deba
ser resuelto en asamblea, lo que lleva a que se interrumpa en cualquier
momento el desarrollo de la producción para acordar la solución entre
todos,
lo cual es el método que de ordinario resulta más adecuado para no
resolver
nada con eficiencia. Esto de ninguna manera significa que una empresa no
pueda funcionar así, significa que así nunca va a funcionar bien, porque
cualquier empresa para serlo – las cooperativas también lo son –
requieren un
mínimo de organización y de disciplina.
Tal vez, tal vez, los interesados deberían preocuparse de averiguar si
los
titulares del supuesto copyright (esto es una chanza, claro) dicen o
tienen
la verdad. Si lo hiciesen, deberían ver en serio de qué se trata cuando
se
habla de una cooperativa de trabajo legítima y, entre otras cuestiones
igualmente importantes, verían así que:
a) La igualdad existe a pie juntillas, desde que la cooperativa no
reconoce
ventaja ni privilegio alguno a iniciadores, fundadores, consejeros o
síndicos;
b) En la asamblea que es donde se toman las decisiones más importantes
de la
vida social, todos tienen un voto, cualquiera sea su aporte de capital o
el
lugar que ocupen en la empresa socio-económica común;
c) Los consejeros (y los síndicos) son asociados elegidos por sus pares
en
la asamblea y, es obvio, así como son elegidos, la asamblea también
puede
revocar la designación. También es obvio que el consejo no es la
patronal;
d) La devolución del excedente, mediante el mecanismo del retorno, se
hace
en proporción al trabajo efectivamente realizado por cada uno, con
prescindencia del valor de su aporte económico a la cooperativa;
e) Los asesores, auditores, contadores, etc., son contratados por la
cooperativa, no socios (sic) en sus resultados positivos.
f) No es jurídico, pero es vida diaria, si una empresa fue un fracaso o
quebró en manos de su anterior dueño o lo fue en manos del Estado, en
principio, no hay razón valedera alguna para sostener que, con una
tecnología obsoleta, pueda ser un éxito en manos de sus trabajadores;
g) Tampoco estaría nada mal que los interesados leyeran lo que enseñó
Philippe Buchez hace más de 170 años, la conferencia que dictó el
General
Perón el 26 de mayo de 1954 en la sede de la CGT, o el ineludible
estudio
del Dr. Cracogna publicado por Legislación del Trabajo (t. XXI, Págs.
769 y
ss) tanto como para seguir el consejo de Fierro de acostumbrarse a
cantar en
cosas con fundamento.
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