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LA VALUACIÓN FISCAL NO
SUPERA LOS u$s 5.000.000
Por una
cooperativa, con 60 trabajadores,
el gobernador Daniel Scioli pagó nada
más que 25 millones de dólares...
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Escribe ROBERTO MOLINA
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Nadie se explica quién asesoró al gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Daniel Scioli, para que tome la decisión política de comprar una
fábrica, en el partido de Vicente López, que cuenta con un lote de
16.500 metros cuadrados y una superficie cubierta de 12.800 metros
cuadrados, donde funciona la Cooperativa de Trabajo Los Constituyentes.
Se trata de un establecimiento metalúrgico que provee chapas, flejes y
tubos de acero que cuando era manejado por sus dueños, la firma Ignacio
Wasserman S.A., producía 9.000 toneladas mensuales y hoy, funcionando
como cooperativa, no llega a las 4.000 toneladas. Lo concreto es que el
gobernador Scioli, mediante el Decreto 717/2010, dispuso la compra del
establecimiento, lo que generó preocupación en ámbitos políticos
oficiales y de la propia Tesorería de la Provincia, que recibió la orden
de pagar 101 millones de pesos, cuando la valuación fiscal es de 20
millones.
El hecho fue dado a conocer por la agencia noticiosa NOVA, que relata en
su informe que “esta controvertida historia comenzó en 2002, cuando el
Estado bonaerense decide declarar de utilidad pública, y sujeto a
expropiación, el inmueble y sus respectivas instalaciones (máquinas,
herramientas, rodados, muebles y útiles) de propiedad de la firma
Ignacio Wasserman S.A.”.
De acuerdo con el relato de NOVA, esta empresa tuvo una historia similar
a la de muchas otras empresas, que sufrieron caída de la producción por
importaciones, recesión, convertibilidad e imposibilidad de saldar sus
deudas con proveedores y personal. La conclusión de este proceso fue que
el Estado bonaerense decidió expropiarla y adjudicarla en propiedad a
título oneroso por venta directa a la Cooperativa de Trabajo Los
Constituyentes Limitada, entidad constituida por los propios
trabajadores de la fábrica.
Pero, de acuerdo a la información suministrada a NOVA por funcionarios
bonaerenses que se mostraron preocupados por los alcances de la decisión
adoptada por el gobierno de Scioli, la verdadera historia es la
siguiente: En 1995, en plena recesión industrial argentina, Wasserman
decide firmar un contrato para alquilar la planta temporalmente a los
empleados, quienes ya habían conformado la cooperativa en cuestión, para
que puedan seguir trabajando por su cuenta y así evitar despidos.
La empresa seguía pagando impuestos y deudas… pero para desgracia de
Wasserman, la cooperativa se convirtió en un movimiento político con
fuerte influencia en la Legislatura bonaerense, que dictó la Ley 12.996
que expropió la fábrica y la entregó a los trabajadores.
Los dueños argumentaron en su momento que los habían echado de su
fábrica con la Ley 12.996 en la mano sin haber presentado quiebra. Sin
embargo, nunca más pudieron ingresar a la planta. Ya fuera de su
empresa, Ignacio Wasserman decide -en el año 2004- iniciar un juicio de
expropiación inversa en el juzgado de primera instancia en lo civil y
comercial Nº 6 de San Isidro.
Tras largos procedimientos judiciales en los que no faltaron demandas y
contrademandas, Wassernan formula una propuesta transaccional ante la
Fiscalía de Estado (Expediente 5100-24518/08) por la suma de 130
millones de pesos. En enero de este año, tras las intervenciones de la
Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia (con la
firma de su jefe, Carlos Machiaroli) el ministerio de la Producción a
cargo de Martín Ferré y la Secretaría Legal y Técnica se autoriza al
Fiscal de Estado, Ricardo Szelagowski, a efectuar el acuerdo
transaccional.
Dicho acuerdo consistió en lo siguiente: 101 millones lo aportó la
Provincia con bonos de cancelación de deuda, mientras que la Cooperativa
Los Constituyentes se comprometió a abonar 20 millones en cuotas
semestrales de 600 mil pesos. En rigor de verdad, el Estado bonaerense
está pagando 101 millones de pesos por una cooperativa en la que
trabajan 60 personas y produce no más de cuatro mil toneladas mensuales.
Por ese motivo, las dudas que rondan los pasillos de la Gobernación
giran en torno a quién o quiénes fueron los que asesoraron a Scioli para
firmar dicho decreto, dado que con esa medida se incursiona en un
“sospechoso procedimiento administrativo que muchos consideran el
principio de un esquema de corrupción”.
22-OCTUBRE-2010 |
