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El diputado bonaerense
Aldo Luis Mensi presentó un
proyecto para que se obligue a las empresas de
telefonía móvil a reconocer a las cooperativas eléctricas
mayores porcentajes por la aplicación del CPP
Haciéndose eco de inquietudes y reclamos que le
hicieron llegar distintas cooperativas de electricidad que desarrollan
sus actividades en el ámbito bonaerense, el legislador Aldo Luis Mensi
presentó un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la
provincia de Buenos Aires para que el gobierno de Daniel Scioli se
dirija al Poder Ejecutivo Nacional, y a la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación, solicitando se dicte en forma urgente una resolución que
obligue a las empresas de telefonía celular a reconocer a las
cooperativas eléctricas que prestan servicio de telefonía básica,
mayores porcentajes por la aplicación de la modalidad “Calling Party
Pays” (CPP).
El citado legislador es actualmente presidente de la Comisión de
Cooperativas y Vivienda de la Cámara Baja bonaerense y está
decepcionando inquietudes de cooperativas de distintas ramas, a los
efectos de apoyar sus requerimientos y necesidades desde el ámbito
legislativo.
El proyecto de declaración que ha presentado en la Cámara de Diputados
provincial expresa que las “cooperativas eléctricas, al igual que las
telefónicas, tienen a su cargo el trabajo de facturación y cobranza por
cuenta y orden de terceros (los terceros son las empresas de telefonía
celular) de la aplicación de la mentada modalidad “Abonado llamante
paga” (CPP) que no es ni mas ni menos que el cargo que se les cobra a
los abonados de telefonía fija o básica (a los de las cooperativas) en
cada oportunidad que dirigen sus llamadas a abonados o destinatarios de
telefonía celular.
“Hoy, el cooperativismo eléctrico, por el trabajo descripto, recibe un
exiguo 15 por ciento. Este porcentaje no solo es muy bajo, en relación a
la labor que llevan a cabo, sino que además es menos de la mitad que el
que reciben las cooperativas telefónicas por el mismo concepto.
Reconocer a las cooperativas eléctricas, al menos un porcentaje igual
que al de las telefónicas (34 por ciento), no solo mejoraría su
situación sino que también pondría fin a la discriminación de la que hoy
son victimas.
“La forma de aplicación actual de la modalidad CPP y el papel que le
toca jugar a las cooperativas prestadoras de telefonía básica, ha
perdido noción y vigencia. Se ha vuelto – todo el sistema --
inequitativo, gravoso, insostenible y se continúa cargando sobre los
hombros de las cooperativas la responsabilidad y el esfuerzo de cobrar
por cuenta y orden de terceros operadores sin que se les reconozcan
porcentajes razonables por esa labor, con el agravante de que el propio
Estado se encarga de hacer mas difícil la situación, al no reconocer a
las cooperativas, concreta y efectivamente, la prestación del Servicio
Universal que desde su nacimiento las cooperativas cumplen y brindan a
su exclusivo costo y riesgo.
“No puede olvidarse el Secretario de Comunicaciones de la Nación que las
cooperativas son solamente usuarios organizados y que, con su propio
esfuerzo, riesgo e inversión, dieron respuesta a la ausencia o falta del
Estado al otorgarse su propio servicio telefónico satisfaciendo una
necesidad básica. La obligación de una prestación universal no es de los
usuarios o de los ciudadanos sino del propio Estado. Hoy esta recae
enteramente en las Cooperativas, y ello no es reconocido.
“La facturación bruta de la mayoría de las cooperativas prestadoras del
servicio de telefonía básica se compone hoy de dos rubros principales.
Una parte generada por el trafico genuino, abonos, venta de equipos,
etc., que ronda el 40 por ciento (de lo que hay que pagar el 22 por
ciento a la Licenciataria correspondiente) y la otra por la recaudación
que se hace por cuenta y orden de los operadores de telefonía celular
móvil, CPP, alrededor del 60 por ciento , monto este del que
–reiteramos- se reconocen hoy mezquinos porcentajes.
”Es claro y evidente que esta situación no da para mas. Se esta en las
puertas del quiebre del sistema cooperativo prestador del servicio de
telecomunicaciones. La situación se ha tornado desesperante y solamente
el Estado puede tomar cartas e interesarse – con la responsabilidad que
le cabe -- en esta cuestión tan compleja. La forma de hacerlo la tiene
en sus manos”.
04-MARZO-2010
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