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Héctor Polino tuvo
mucho que ver con la media sanción de la modificación de la Ley de
Quiebras
Como es de público conocimiento,
la semana pasada la Cámara de Diputados de la Nación brindó su
aprobación al proyecto de modificación de la actual Ley de Quiebras, que
ahora ha pasado al Senado para que, con su sanción, lo convierta en ley.
La iniciativa fue sancionada con 198 votos a favor y uno en contra (el
del diputado santafesino Carlos Favario, del Partido Demócrata).
Con este proyecto, se apunta a que los trabajadores de las empresas
quebrantadas tengan un lugar de preferencia entre los acreedores y estén
habilitados para adquirirlas y mantenerlas funcionando. En los años ’90
cerraron decenas de fábricas, algunas de ellas mantenidas en actividad
por sus trabajadores.
En 2002, cuando el proceso de quiebras se había multiplicado por la
crisis y florecían en forma espontánea las empresas recuperadas, el
diputado socialista Héctor Polino presentó un proyecto similar que fue
cajoneado sin piedad, pese a que más de diez mil familias dependían de
la norma. El tema ni siquiera había podido ser discutido durante el
gobierno de la Alianza, del que formaba parte también el socialismo.
“La propuesta de Polino era recibida en el ambiente político como
subversiva”, según lo comentó el diario “Página 12”. Y agrega el
artículo periodístico que “resulta increíble que una norma que despertó
tanta oposición en el momento en que más se la necesitaba, ahora sea
aprobada como si fuera un saludo a la bandera”.
“En el camino – expresa el mencionado diario -- quedaron miles de
trabajadores que no pudieron defender sus empresas porque la legislación
vieja les negaba ese derecho solamente por una cuestión cultural de
clase, con legisladores y empresarios ridículamente obnubilados por la
pesadilla de que se pudiera disparar una plaga de ocupaciones o por el
temor a que los obreros demostraran eficiencia en un lugar que no les
corresponde, en un orden social que visualizan estructurado en castas”.
Luego de tres horas de tratamiento, la Cámara baja votó favorablemente
el proyecto que modifica la ley de Concursos y Quiebras respecto a las
fábricas recuperadas, que constituye un reclamo histórico de las
cooperativas de trabajo para ser reconocidas con los mismos derechos que
las empresas. Los palcos colmados de trabajadores de cooperativas
victorearon los discursos de todos los diputados.
La media sanción tiene origen en un proyecto elaborado por el Poder
Ejecutivo junto con los movimientos de trabajadores de fábricas
recuperadas y la Confederación de Cooperativas de Trabajo, que aportaron
su experiencia en el tema y se recoge la jurisprudencia que ha ido
regulando la actividad de los trabajadores que se hacen cargo de las
empresas en proceso concursal o de quiebra, desarrollando un plan de
negocios y sosteniendo la fuente de trabajo. Además, se le unificaron
iniciativas de otros sectores políticos como el radicalismo, el
socialismo y la centroizquierda.
En el inicio del tratamiento, la diputada de Nuevo Encuentro Vilma
Ibarra, quien fue la miembro informante de la iniciativa, afirmó que “el
proyecto significa un cambio de paradigma en cuanto al valor del capital
del trabajo. Recoge la experiencia de las fábricas recuperadas en los
últimos años y la jurisprudencia de los jueces comerciales de todo el
país”.
Asimismo, en el primer tramo de la sesión, el diputado radical Juan
Pedro Tunessi aseveró que los proyectos “tienden a lograr una mayor
participación de los trabajadores agrupados bajo la cooperativa de
trabajo en los procesos concursales a los efectos de poder continuar con
la explotación de la empresa en crisis y a partir de allí conservar l
fuente de trabajo”.
Por su parte, el diputado oficialista Héctor Recalde, asesor legal de la
CGT, defendió el proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional y
sostuvo que “esta ley rinde homenaje al himno nacional ‘ved el trono a
la noble igualdad’” y afirmó: “En Argentina, ya no hay trabajadores
kelpers. Hay igualdad de derechos”, lo que fue aplaudido por los
trabajadores de empresas recuperadas ubicados en los palcos.
Asimismo, la diputada socialista Mónica Fein destacó “la postura que
siempre ha mantenido el Socialismo, histórico defensor del derecho de
los trabajadores a la conservación de sus fuentes de trabajo” y recordó:
“Hemos impulsando proyectos para que, reunidos en cooperativas, puedan
lograr el salvataje de las empresas en cesación de pagos”.
LAS MODIFICACIONES
Las modificaciones, según el proyecto que envió el Gobierno nacional en
2010, son el inciso 1º del articulo 48º, de los artículos 129
(suspensión de intereses); 187 (propuestas y condiciones del contrato),
primer párrafo del articulo 189 (continuación inmediata), 190 (tramite
común para todos los procesos), 191 (autorización para continuar con la
actividad de la empresa), 192 (régimen aplicable), 195 (hipoteca y
prenda), incorporación de último párrafo al articulo 196 y al articulo
197; sustitución del articulo 199 (obligaciones laborales del adquirente
de la empresa); incorporación del articulo 203 bis; sustitución de los
artículos 205 (enajenación de la empresa); y 213 (venta directa).
Los puntos más importantes del dictamen de mayoría son:
- Otorgar prioridad a los trabajadores para que adquieran la empresa en
quiebra con sus créditos laborales, los que serán calculados conforme la
indemnización completa que se establece en el Régimen de Contrato de
Trabajo.
- Deroga la suspensión de los intereses compensatorios que devengan los
créditos laborales, para que los trabajadores no sean la variable de
ajuste en los procesos concursales, tal como lo establece la ley
vigente.
- Posibilitar que los trabajadores se hagan cargo de la empresa antes de
llegar a la quiebra utilizando sus créditos laborales, evitando el
cierre de la misma y asegurando la fuente de trabajo.
- Suprimir la suspensión de los Convenios Colectivos de trabajo que
estableció la reforma de los años 90.
- Garantizar el acceso a la información de los trabajadores en todo el
proceso, aún en el concurso preventivo.
20-ABRIL-2011
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